El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) ha concedido el Premio de Investigación para el Avance de la Fisioterapia 2026, dotado con 1.500 euros, al colegiado gaditano Francisco José Vera Serrano, por su trabajo «Efectividad de la terapia manual diafragmática sobre la función respiratoria en pacientes con dolor lumbar inespecífico: un ensayo clínico aleatorizado», una vez finalizado el plazo de deliberación de la Comisión Evaluadora de Expertos.

La investigación del trabajo ganador aborda la relación entre los sistemas musculoesquelético y respiratorio, centrándose en el papel que puede desempeñar el diafragma en pacientes con dolor lumbar inespecífico. Esta afección, cada vez más frecuente, representa un importante reto clínico y requiere intervenciones fisioterapéuticas que permitan mejorar la atención a las personas que la padecen.

Los resultados del estudio apuntan a mejoras en la expansión torácica y la función pulmonar tras la aplicación de esta intervención, lo que respalda el interés de seguir explorando el papel de la terapia manual diafragmática dentro de los protocolos de fisioterapia dirigidos a estos pacientes.

Con este premio, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía reconoce la labor investigadora desarrollado por sus colegiados y contribuye a estimular las iniciativas, individuales o colectivas, que en forma de trabajos de investigación promuevan el avance de la Fisioterapia en cualquiera de sus campos de actuación.

La sentencia considera probado que la acusada realizó tres sesiones de ajustes vertebrales pese a conocer el diagnóstico de la paciente y carecer de una titulación reconocida en España para ejercer una profesión sanitaria

Granada. El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía ha tenido acceso a una reciente sentencia dictada por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Granada que condena a la titular de un centro quiropráctico de esta localidad como autora de un delito de intrusismo profesional. La resolución impone a la acusada una pena de 12 meses de multa y establece además el pago de las costas correspondientes a la acusación particular ejercida por ICPFA.

La resolución supone, según la valoración que se viene realizando desde el ámbito colegial, la primera condena penal por intrusismo sanitario dirigida contra una persona que ejercía como quiropráctica, y adquiere especial relevancia por el criterio que fija el juzgado sobre los límites de esta actividad cuando se interviene sobre una persona que presenta una patología previamente diagnosticada.

Tres sesiones después de conocer el diagnóstico

La sentencia considera probado que la acusada era titular de un centro quiropráctico de Granada que no disponía de autorización administrativa de funcionamiento como centro sanitario.

La paciente había acudido previamente a servicios médicos por una lumbalgia. El 28 de septiembre de 2022, una resonancia magnética había constatado un nódulo de Schmorl y un abombamiento discal en L5-S1, sin afectación radicular.

Según declara probado la sentencia, la acusada conocía el diagnóstico y, aun así, decidió intervenir realizando tres sesiones durante las cuales practicó distintos ajustes vertebrales manuales y otras técnicas.

La sentencia establece que la condenada “no es titular de ningún título que le habilite en España para el ejercicio de una actividad sanitaria” y que el título de quiropráctica que poseía “no es un título legal reconocido en España”.

El fallo considera determinante que la acusada supiera que la paciente había sido diagnosticada y necesitaba atención sanitaria. En esas circunstancias, concluye el magistrado, no podía realizar los ajustes vertebrales porque carecía de la titulación que habilita para desarrollar la actividad sanitaria correspondiente. En este sentido, el juzgado vincula esos actos a las competencias propias de la fisioterapia y recuerda que esta sí está reconocida como profesión sanitaria por la Ley 44/2003.

El Colegio de Fisioterapeutas, parte activa en el procedimiento

El papel del ICPFA resulta especialmente relevante en la sentencia. El Colegio se personó como acusación particular y sostuvo que las actuaciones realizadas por la acusada constituían actos propios de la fisioterapia ejecutados sin la titulación oficial exigida.

El magistrado recoge expresamente la posición del Colegio y recuerda que el delito de intrusismo no protege únicamente los intereses corporativos de una profesión, sino también un interés público: garantizar que determinadas actividades sean desarrolladas por personas con la capacitación exigida. El bien jurídico protegido alcanza, según la resolución, a la propia colectividad frente a los riesgos derivados de una práctica profesional realizada por quien carece de la cualificación legalmente requerida.

Abre la puerta a nuevas denuncias

El presidente del ICPFA, Miguel Ángel Lérida, que ha venido situando la lucha contra el intrusismo entre las prioridades de la institución, ha valorado positivamente la sentencia y el precedente que supone. Lérida ha señalado que “estamos ante la primera condena por intrusismo sanitario contra quiroprácticos, que pone de manifiesto que debemos seguir denunciando todas aquellas situaciones en las que la salud de los ciudadanos pueda estar en riesgo, al quedar en manos de personas que, mediante pseudotratamientos,  prestan una asistencia aparentemente sanitaria sin estar cualificados para ello”.

Doctrina del Tribunal Supremo

La redacción de esta resolución constituye la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo 3993/2021, que determinó que el quiromasaje, la osteopatía y la quiropraxia, sólo pueden llevarse a cabo por personal sanitario. Además, y según detallaba en ese momento el Ministerio de Sanidad, es únicamente, en las Unidades de Fisioterapia (U59), donde pueden administrarse dichas técnicas, ratificando al fisioterapeuta como el único profesional sanitario con competencias en dichas técnicas.

 

El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) mantuvo el pasado 15 de septiembre una reunión de trabajo con la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Mª Ángeles García Rescalvo, para analizar las principales necesidades de la Fisioterapia en el sistema sanitario público andaluz y avanzar en distintas medidas para mejorar la atención a la ciudadanía.

Por parte del Colegio participaron su presidente, Miguel Ángel Lérida Ortega, y la vocal de Sanidad Pública, Patricia Ruiz Lara. En representación del SAS, junto a la directora gerente, asistieron el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Antonio Cansino Osuna, y el director general de Personal, José Luis Sedeño Ferrer.

Durante el encuentro se abordaron varias cuestiones prioritarias para el desarrollo de la Fisioterapia en el sistema público. Entre ellas, la creación de una figura de Coordinación de Fisioterapia en Atención Primaria, que permita ordenar y reforzar el trabajo de los profesionales en este nivel asistencial, así como la implantación de una Supervisión específica de Fisioterapia en el ámbito hospitalario, orientada a mejorar la organización de los servicios y atender sus necesidades específicas.

También se analizó la presencia de fisioterapeutas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El ICPFA trasladó la necesidad de que todos los hospitales andaluces incorporen estos profesionales a sus unidades de críticos, teniendo en cuenta la contribución de la Fisioterapia a la recuperación y funcionalidad de los pacientes.

Otro de los asuntos tratados fue la derivación directa a Fisioterapia, sobre la que se realizó un primer balance de su implantación en Andalucía, así como las previsiones de futuras contrataciones de fisioterapeutas en el Servicio Andaluz de Salud.

El encuentro permitió poner sobre la mesa las principales líneas de trabajo para seguir ampliando el papel de la Fisioterapia dentro del sistema sanitario público. El ICPFA continuará trasladando al SAS las necesidades de la profesión y realizando seguimiento de los acuerdos y compromisos abordados en la reunión, con el objetivo de avanzar en una atención fisioterapéutica más accesible e integrada en el sistema sanitario andaluz.